Bogotá, 19 mar (PL) Medios locales destacan hoy el reconocimiento oficial de la multinacional bananera Chiquita Brands de haber pagado a grupos paramilitares colombianos para proteger sus operaciones en esta nación andina.
Los noticieros vespertinos de radio y televisión, así como las páginas web de los diarios nacionales reproducen la decisión del juez federal Royce Lamberth de aceptar de forma provisional el acuerdo entre la multinacional bananera y la Fiscalía norteamericana.
Precisan que durante una sesión de una media hora en Washington, Lamberth admitió el acuerdo “provisionalmente”, pero anunció que tomará la decisión definitiva en la audiencia en la que dictaminará la sentencia, fijada para el 1 de junio venidero.
Como parte del pacto con la Fiscalía, la multinacional bananera pagará una multa, fraccionada en cinco pagos, de cinco millones de dólares cada uno, más intereses, mucho menor que la pena máxima que enfrentaba de 98,8 millones de dólares.
En la audiencia de hoy, apuntan los medios colombianos, el fiscal Jonathan Martin Malis indicó que los pagos realizados por esa empresa a los paramilitares colombianos por “servicios de seguridad” fueron aprobados por altos cargos de la multinacional.
Lo anterior, sostuvo, lo realizaron pese a saber que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran una “organización terrorista”, según calificación adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con la acusación, Chiquita Brands abonó a las AUC más de 100 pagos por un total de 1,7 millones de dólares para proteger sus operaciones en las zonas bananeras de Santa Marta y Urabá, en el norte de Colombia.
Por este hecho, las autoridades judiciales colombianas anunciaron su intención de solicitar la extradición de los directivos de esa multinacional que aprobaron los pagos a las AUC por ser cómplices de los crímenes cometidos por esos grupos de extrema derecha.
Con ese dinero, afirmó recientemente el Fiscal General, Mario Iguarán, las AUC compraron armas y pagaron a los sicarios que asesinaron a líderes sindicales o personas incómodas para la empresa norteamericana.
Aunque hasta el presidente colombiano, Alvaro Uribe, se mostró partidario de solicitar la extradición, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que existe un problema jurídico que impediría tomar esa medida.
Santos explicó que la Corte Constitucional eliminó la ley que hacía del pago de extorsiones y secuestros un delito, por lo que puede haber un problema jurídico en actos cometidos con anterioridad.
Los noticieros vespertinos de radio y televisión, así como las páginas web de los diarios nacionales reproducen la decisión del juez federal Royce Lamberth de aceptar de forma provisional el acuerdo entre la multinacional bananera y la Fiscalía norteamericana.
Precisan que durante una sesión de una media hora en Washington, Lamberth admitió el acuerdo “provisionalmente”, pero anunció que tomará la decisión definitiva en la audiencia en la que dictaminará la sentencia, fijada para el 1 de junio venidero.
Como parte del pacto con la Fiscalía, la multinacional bananera pagará una multa, fraccionada en cinco pagos, de cinco millones de dólares cada uno, más intereses, mucho menor que la pena máxima que enfrentaba de 98,8 millones de dólares.
En la audiencia de hoy, apuntan los medios colombianos, el fiscal Jonathan Martin Malis indicó que los pagos realizados por esa empresa a los paramilitares colombianos por “servicios de seguridad” fueron aprobados por altos cargos de la multinacional.
Lo anterior, sostuvo, lo realizaron pese a saber que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran una “organización terrorista”, según calificación adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con la acusación, Chiquita Brands abonó a las AUC más de 100 pagos por un total de 1,7 millones de dólares para proteger sus operaciones en las zonas bananeras de Santa Marta y Urabá, en el norte de Colombia.
Por este hecho, las autoridades judiciales colombianas anunciaron su intención de solicitar la extradición de los directivos de esa multinacional que aprobaron los pagos a las AUC por ser cómplices de los crímenes cometidos por esos grupos de extrema derecha.
Con ese dinero, afirmó recientemente el Fiscal General, Mario Iguarán, las AUC compraron armas y pagaron a los sicarios que asesinaron a líderes sindicales o personas incómodas para la empresa norteamericana.
Aunque hasta el presidente colombiano, Alvaro Uribe, se mostró partidario de solicitar la extradición, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que existe un problema jurídico que impediría tomar esa medida.
Santos explicó que la Corte Constitucional eliminó la ley que hacía del pago de extorsiones y secuestros un delito, por lo que puede haber un problema jurídico en actos cometidos con anterioridad.
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